El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental multilateral sólidamente establecido, que está logrando con éxito evitar enormes daños a la salud humana y el medio ambiente, derivados de los efectos del exceso de la radiación ultravioleta proveniente del sol, mediante la eliminación de la producción y el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) [1].
El Protocolo de Montreal ha sido objeto de varias enmiendas, la última de ellas es la Enmienda de Kigali, que fue aprobada para eliminar los hidrofluorocarbonos (HFC), que con frecuencia se utilizan como sustitutos de las SAO. Si bien los HFC no agotan el ozono, sí son poderosos gases de efecto invernadero que tienen un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) importante.
Colombia aprobó en 1992 el Protocolo de Montreal y posteriormente sus respectivas enmiendas, con lo cual se ha comprometido a la eliminación del consumo de las sustancias listadas en los anexos A, B, C, E y F de dicho Protocolo. Para la implementación de los acuerdos y compromisos establecidos en este Protocolo, el Gobierno Nacional, con el apoyo de las Naciones Unidas, ha constituido la Unidad Técnica Ozono – UTO, a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hasta el momento, se ha logrado la eliminación del 100% del consumo de los clorofluorocarbonos (CFC), halones y tetracloruro de carbono (TCC) en el país para el año 2010 y la eliminación del 60% del consumo de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) para el año 2020.
Los programas y proyectos para la eliminación del consumo de las SAO son financiados por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal y ejecutados a través de las agencias implementadoras de dicho Protocolo y están orientados a la reducción progresiva de estas sustancias en los sectores industriales de fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado, fabricación de espumas de poliuretano, en el sector de solventes y aerosoles y en el sector de extinción de incendios, entre otros.
Inicialmente, la industria colombiana de la protección contra incendios reemplazó el uso de Halón 1211 con extintores portátiles por HCFC-123. Sin embargo, impulsado por un factor de precio, desde 2011 el mercado, al final de la cadena de suministro, comenzó a mezclar el HCFC-123 con el HCFC-141b, una sustancia que no es adecuada para la extinción de incendios y que podría ser extremadamente peligrosa, teniendo en cuenta que puede avivar el fuego y liberar fluoruro de hidrógeno (HF), altamente tóxico en presencia del fuego. Lo que plantea el gran reto de la eliminación del uso de HCFC-141b para esta aplicación.
Lamentablemente, el uso del HFCF-141b se convirtió en una práctica popular para la carga y recarga de extintores portátiles, llegando a alcanzar un consumo de 61,6 toneladas (6,78 toneladas PAO) anuales en el año 2014, mientras que el consumo de HCFC-123 ha venido cambiando con tendencia a la baja. El consumo total de las dos sustancias representa el 7.7% del total de HCFC en Colombia.
Por estas razones, Colombia ha adelantado un proyecto de asistencia técnica para el sector de protección contra incendios, cuyo objetivo es prohibir el uso de HCFC-141b como agente extintor, así como promover el uso de sustancias alternativas a los HCFC y la aplicación de las mejores prácticas en mantenimiento y recarga de extintores portátiles.
La Unidad Técnica Ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta estas buenas prácticas ambientales para el sector de protección de incendios, compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas que realizan actividades de mantenimiento y recarga de extintores portátiles con agentes halogenados, polvo químico seco, CO2 y agua, entre otros. Asimismo, para todas aquellas empresas usuarias finales de estos dispositivos para la extinción de incendios en todo el país.
Esperamos que este documento brinde los referentes de desempeño ambiental y motive a la reducción del consumo de HCFC en el sector de protección contra incendios en Colombia, específicamente en extintores portátiles, fomentando la aplicación de las mejores prácticas en las actividades de mantenimiento y recarga de los extintores portátiles que usan HCFC-123 y promoviendo que los usuarios finales tomen decisiones de manera informada, asesorados por los expertos del sector y con referentes de consumo responsable.