El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha publicado un proyecto de decreto que modifica el Decreto 1881 de 2021, proponiendo un incremento en los aranceles para productos del sector siderúrgico, incluyendo tuberías utilizadas en sistemas de protección contra incendios.

Esta medida impactará directamente los costos de instalación y mantenimiento de redes contra incendios en Colombia, afectando la seguridad y la competitividad del sector.

El proyecto de decreto puede ser consultado a continuación.

De igual forma, puedes consultar toda la información publicada por MinComercio en la siguiente ubicación web:

📌 Proyecto de Decreto – MINCIT

Gran preocupación en el Gremio por esta propuesta.

ANRACI considera que esta decisión pone en riesgo la accesibilidad y la implementación de sistemas de protección contra incendios, esenciales para salvaguardar vidas y bienes.

El aumento de aranceles tendrá consecuencias negativas, dentro de las que se encuentran las siguientes:

• Elevar los costos de proyectos en edificaciones públicas y privadas.
• Desincentivar la inversión en infraestructura segura, especialmente en sectores críticos como salud, educación e industria.
• Contradecir los objetivos de prevención y gestión del riesgo establecidos en normativas nacionales e internacionales.

Por ello, hemos enviado una comunicación formal al Ministerio expresando nuestro desacuerdo y presentando argumentos técnicos y económicos que demuestran el impacto negativo de esta medida.

Conoce y descarga la comunicación enviada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

¿Cómo puedes participar?

Este proyecto está abierto para recibir comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés. Es el momento de que la comunidad técnica, empresas y profesionales del sector de la protección contra incendios nos pronunciemos.

Texto oficial del Ministerio:
“Se publica para recibir comentarios de la ciudadanía y los grupos de valor, los cuales podrán remitirse al correo electrónico comitetriplea@mincit.gov.co, desde el 13 hasta el 27 de noviembre de 2025, por un término de 15 días calendario, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 2.1.2.1.14 y 2.1.2.1.21. del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República.”

Correo para enviar comentarios: comitetriplea@mincit.gov.co

Tu participación es fundamental para evitar que esta medida afecte la seguridad contra incendios en Colombia. Envía tus comentarios antes del 27 de noviembre y comparte esta información con colegas y empresas del sector.

Texto integro de la comunicación enviada por Anraci al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2025.

Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.
Atn. Responsables del Proyecto de Decreto, “por el cual se modifica el Decreto 1881 de 2021”.
Dirección de Comercio Exterior.

Asunto:             Observaciones al Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 1881 de 2021.

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo del Gremio de la Protección Contra Incendios en Colombia.

En atención al Proyecto de Decreto “por el cual se modifica el Decreto 1881 de 2021”, nos permitimos presentar nuestras observaciones y manifestar nuestra oposición fundamentada, solicitando expresamente constituirnos como parte interesada en este proceso, en virtud de la afectación directa que esta medida genera sobre el sector de protección contra incendios, un sector estratégico para la seguridad humana y la resiliencia nacional.

En primera instancia, es importante destacar que la protección contra incendios constituye un sector estratégico que trabaja en beneficio del país, desarrollando proyectos, estrategias y actividades orientadas a preservar la vida, proteger los bienes y garantizar la continuidad de las operaciones del aparato productivo nacional.

Todo esto se logra mediante la prevención y la respuesta temprana frente a la ocurrencia de incendios, un riesgo tecnológico que, a nivel mundial, presenta una de las más altas tasas de materialización y genera consecuencias de gran magnitud.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el riesgo tecnológico corresponde a:

“… los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos generados por el uso y acceso a la tecnología, originados en sucesos antrópicos, naturales, socio-naturales y propios de la operación. Este riesgo se genera durante el funcionamiento de cualquier actividad y supone consecuencias importantes para las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales.” (UNGRD, 2018)

En el documento: “Lo que usted debe saber sobre riesgo tecnológico” (UNGRD, 2018) se determina que los incendios se constituyen como la tipología de eventos que mayor frecuencia de ocurrencia tienen derivados de la materialización del riesgo tecnológico tal como se observa en la siguiente gráfica.

Ilustración Ocurrencia de eventos derivados de riesgos tecnológicos.

Fuente: UNGRD. Gráfico reconstruido por Anraci para mejorar calidad visual.

Esta es una situación que no es exclusivamente colombiana, sino que obedece a la evaluación mundial en términos sociales, culturales, económicos y principalmente tecnológicos.

A medida que la sociedad avanza, construcciones más complejas, mayor densidad urbana, mayor dependencia tecnológica y nuevos procesos industriales, también aumentan el riesgo y la probabilidad de ignición. Por ello, resulta indispensable que las personas, las organizaciones y las instituciones sean conscientes de esta evolución para implementar medidas adecuadas: primero, para prevenir la ocurrencia del incendio y, segundo, para responder y controlarlo mediante sistemas de protección eficaces y confiables.

En este contexto, los riesgos tecnológicos a los que la sociedad se encuentra expuesta se han vuelto progresivamente más complejos (Jerez Ramírez, 2023), lo que ha llevado a desarrollar estrategias de protección contra incendios más especializadas, orientadas a satisfacer apropiadamente las necesidades derivadas de la vida moderna.

Por lo expuesto, la protección contra incendios debe ser considerada un asunto de seguridad y salud pública, dado su impacto directo en la preservación de la vida, la integridad de las personas y la continuidad de las operaciones esenciales del país.

En consecuencia, resulta fundamental garantizar un entorno normativo y operativo propicio que permita el desarrollo natural de los proyectos, gestiones y actividades del sector, asegurando el cumplimiento integral de la normativa aplicable y evitando disposiciones que puedan obstaculizar la implementación de sistemas y tecnologías orientadas a la prevención y control eficaz de incendios.

Este enfoque no solo fortalece la resiliencia nacional frente a riesgos tecnológicos, sino que también contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de seguridad humana, sostenibilidad y protección de infraestructuras críticas.

En este sentido, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 establece que:

“Prevenir los riesgos de desastre nuevos y reducir los existentes mediante la aplicación de medidas económicas, estructurales, jurídicas, sociales, sanitarias, culturales, educativas, medioambientales, tecnológicas, políticas e institucionales integradas e inclusivas que prevengan y reduzcan la exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y, por lo tanto, refuercen la resiliencia”

Por lo cual, es necesario que como país adoptemos decisiones que fortalezcan los niveles de protección y seguridad. En este contexto, la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 1881 de 2021 resulta contraria a los principios y objetivos que el Marco de Sendai promueve, y por ende, va en dirección opuesta a lo que Colombia necesita para garantizar resiliencia y seguridad frente a riesgos tecnológicos como los incendios.

Con base en lo anterior, y como resultado del análisis técnico realizado por nuestro gremio, hemos identificado elementos específicos que demuestran que la medida propuesta en el Proyecto de Decreto no es conveniente para el país. En particular, la modificación planteada afecta directamente la importación y disponibilidad de tuberías y componentes esenciales para los sistemas hidráulicos contra incendios, los cuales deben cumplir con altos estándares internacionales (como NFPA, ICC, FM) para garantizar su confiabilidad y desempeño en condiciones críticas.

Estos productos no son intercambiables con tuberías convencionales, pues su diseño, resistencia y certificación responden a exigencias normativas que aseguran la integridad del sistema y la protección de vidas. Limitar o encarecer su acceso mediante disposiciones arancelarias o regulatorias contrarias a la práctica internacional compromete la seguridad pública, la continuidad operativa y el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable.

De esta forma, queremos plantear algunos elementos que deben ser analizados y considerados alrededor de la iniciativa actualmente en estudio.

Riesgo que implica la medida.

El incremento arancelario propuesto del 10% al 35% sobre la subpartida 7306.30.99.00 no es una decisión menor: afecta insumos esenciales para la protección contra incendios, un componente crítico para la seguridad pública, la protección de vidas y la integridad de edificaciones. Esta medida, aplicada de manera indiscriminada, pone en riesgo un sector económico especializado, que contribuye a la sostenibilidad, la continuidad operativa de industrias y la reducción de vulnerabilidades ante emergencias.

La protección contra incendios no es un lujo ni un accesorio: es una obligación legal y técnica respaldada por normas como la Ley 400 de 1997, la Ley 1575 de 2012, y estándares internacionales (como ICC, NFPA, UL, FM). Cualquier decisión que limite el acceso a tubería certificada para redes contra incendio es contraría al interés público y a los avances normativos del país.

Naturaleza estratégica de las tuberías para redes contra incendio.

Estas tuberías no son bienes genéricos ni intercambiables dentro de la subpartida arancelaria. Su uso especializado exige certificaciones UL/FM, cumplimiento de normas ASTM A795 y A53, marcado indeleble y trazabilidad para garantizar la confiabilidad de los sistemas. Limitar su disponibilidad mediante un incremento arancelario pone en riesgo la vida humana y la seguridad estructural de nuestra sociedad.

Es de mencionar que hemos realizado una búsqueda rápida y encontramos que en países con políticas de resiliencia, insumos relacionados con el sector de protección contra incendios tienen aranceles diferenciales o incluso cero, reconociendo su carácter estratégico. Colombia no puede retroceder en esta materia.

Escasez de oferta nacional y necesidad de importación

Según cifras oficiales, en 2024 se importaron 24,3 millones de kilogramos de tubería en la subpartida 7306.30.99.00, volumen consistente con los últimos años (20–24 millones kg). De acuerdo con la información que disponemos, la producción nacional para el caso en estudio, no supera las 6.000 toneladas anuales en tubería general no certificada, lo que evidencia que no existe capacidad instalada para suplir la demanda ni para fabricar referencias críticas como Schedule 10 o Schedule 40, ni diámetros superiores a seis pulgadas, indispensables para cierto tipo de proyectos.

Por tanto, las compras en el exterior no son una opción, sino una necesidad para garantizar la seguridad y la continuidad de proyectos estratégicos de protección contra incendios.

Riesgo de monopolio y concentración.

Por la información que tenemos, el mercado cuenta con un único fabricante nacional, lo que genera un riesgo real de posición dominante y monopolio. Esta situación contradice los principios de libre competencia y puede derivar en sobrecostos, desabastecimiento y pérdida de calidad. Una política que favorezca la concentración no fortalece la industria nacional, sino que la expone a prácticas restrictivas y afecta la competitividad del país.

Impactos económicos y operativos

El incremento del arancel del 10% al 35% implica un aumento del 25% sobre el valor CIF, lo que se traduce en incrementos sustanciales para la instalación de redes contra incendio. Esto afecta:

• Proyectos en curso: Contratos vigentes con precios cerrados que no contemplan este incremento, generando riesgos financieros, posibles incumplimientos y renegociación de plazos.
• Nuevos proyectos: Presupuestos futuros deberán ajustarse al alza, reduciendo la competitividad y desincentivando la inversión en infraestructura de protección contra incendios.

Riesgo de materiales no adecuados y prácticas ilegales

El sobrecosto puede incentivar:

• Uso de tuberías no certificadas o de baja calidad.
• Compra a proveedores informales, comprometiendo la seguridad y el cumplimiento normativo.
• Incremento del contrabando y la piratería, afectando la formalidad y la seguridad.

Esto incrementa la vulnerabilidad ante emergencias y contradice los avances normativos del país en gestión del riesgo.

Impacto macroeconómico y social

La medida generará:

• Menor inversión privada en proyectos PCI.
• Reducción en la adopción de sistemas de protección contra incendios.
• Pérdida de competitividad de las empresas colombianas.

En síntesis, esta decisión no solo afecta un sector económico, sino que compromete la seguridad pública y la resiliencia nacional.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, de la manera más atenta y respetuosa, nos permitimos presentar una propuesta sencilla, pero ajustada a la realidad del país y al desarrollo de nuestra industria:

• Excluir la tubería para redes contra incendio del incremento arancelario propuesto, dada su naturaleza estratégica.
• Adoptar un desdoblamiento arancelario que diferencie entre tubería genérica y tubería certificada para sistemas PCI.

Como representantes del Gremio de la Protección Contra Incendios, es nuestro interés poder participar en este y todos los procesos liderados por el Ministerio y que tengan alcance sobre nuestro sector.

Estamos dispuestos a colaborar y aportar toda la información sectorial necesaria para un análisis técnico diferenciado que proteja la seguridad pública y la competitividad nacional.

Quedamos atentos de ustedes,

Un cordial saludo, 

Hugo Torres Bahamón.
Director Ejecutivo