Ing. Hugo Torres Bahamón.
Director Ejecutivo ANRACI COLOMBIA.

En los últimos meses hemos recibido graves noticias de incendios que se presentaron en nuestro país. En Medellín, en una fábrica de velas se generó una deflagración que muy rápidamente condujo a que la totalidad de una edificación de cuatro pisos se consumiera, por su parte, en Santa Marta, las pérdidas económicas superan los 12.000 millones de pesos en el incendio que se presentó en un mercado público, el cual se extendió por más de 20 horas.

Lamentables situaciones que se hubieran podido evitar con una conciencia ciudadana más sólida y con una normatividad más exigente en protección contra incendios.

Y a pesar de esto, nos encontramos que el proyecto del nuevo Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, documento que acaba de ser puesto a consideración de la comunidad, dentro de sus artículos 57 y 58 incluye disposiciones que van en contra del servicio esencial prestado por los bomberos.

Los requisitos técnicos establecidos para los hidrantes públicos en el proyecto de resolución son desproporcionadamente inferiores a los requisitos técnicos mínimos requeridos para operaciones de confinamiento, control y extinción de incendios.

Como agravante, la propuesta, frente a la operación de hidrantes públicos, no obedece a ninguna norma técnica internacionalmente aceptada, no obedece a ningún procedimiento de cálculo de uso extendido en la ingeniería, en general, el nuevo planteamiento no ha sido validado bajo ningún modelo teórico o práctico.

Que la nueva resolución incluya requisitos técnicos deficientes para los hidrantes públicos puede constituir una conducta dolosa o gravemente culposa del estado o uno de sus agentes en caso de que se presenten tragedias y estas no puedan ser atendidas eficazmente.

La atención de emergencias es un servicio público que debe poder llevarse a cabo por medio del suministro regular de agua provisto por las ESP.

Es necesario que las presiones de operación y los caudales sean suficientes para atender una emergencia, siendo responsabilidad de las empresas de servicios públicos que las redes soporten la demanda requerida. De esta decisión, dependen vidas humanas y los bienes de los ciudadanos, no puede anteponerse el interés económico de los privados que suministran el agua.

Solo esperamos que no sea necesario que “se queme un SPACE” para que nuestros legisladores tomen cartas en el asunto, tristemente nuestra realidad es que esperamos a lamentar una tragedia para actuar como se debería, desafortunadamente, todas las condiciones están dadas para lamentar un evento de grandes proporciones. Es hora de actuar!!!!